Nuevo régimen de PPP: camino a más inversiones en Paraguay

 

El 2025 comenzó con cambios clave para el sector de infraestructuras en Paraguay. En enero se promulgó la Ley N° 7452/25, que moderniza el régimen de promoción de inversión en infraestructura pública y mejora los bienes y servicios del Estado.

Esta nueva normativa reemplaza la Ley N° 5102/13 y redefine los contratos de Participación Público Privada (PPP). Representa una oportunidad excepcional para el desarrollo de la infraestructura en Paraguay y para atraer inversiones extranjeras al país.

Los abogados de tres estudios jurídicos (Estudio Jurídico Berkemeyer, Olmedo Abogados y Vouga abogados),  destacan que la Ley N° 7452/25, conocida como la “Ley de Modernización del Régimen de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado” ofrece un marco regulatorio más atractivo para los inversores privados y financiadores, garantizando mayor transparencia y seguridad jurídica en los contratos. 

Este cambio tiene como objetivo principal fomentar la inversión privada y mejorar la infraestructura del país. Una de las modificaciones más significativas para este objetivo es el aumento del espacio fiscal destinado a Proyectos PPP, anteriormente “topeado” al 2 %. 

La ley aumenta este espacio fiscal, estableciendo que el monto acumulado de los pagos firmes y contingentes cuantificables netos de los activos o ingresos fiscales que se puedan generar en los respectivos contratos, calculado a valor presente, no podrá exceder el 4 %. Este incremento abre espacio para la ejecución de PPP más allá de los que se encuentran hoy en proceso, ya que permite al Estado comprometer un mayor porcentaje de recursos para este fin. 

Igualmente, se ha aumentado el porcentaje de participación del Estado en Proyectos PPP originados a través de iniciativas privadas. Anteriormente, el Estado solo podía participar con un porcentaje limitado al 10 % del costo total del proyecto. A partir de este año se eleva al 25 % de participación. Esto no solo implica una mayor inversión de recursos públicos, sino que también puede generar un mayor interés por parte de los inversionistas privados.

Los profesionales explicaron que con esta ley también se introdujo el “derecho de tanteo” para los proponentes de iniciativas privadas, dándoles la oportunidad de igualar el precio de la mejor oferta en las licitaciones, lo que refuerza el incentivo a invertir en estos proyectos. 

A fin de establecer un límite a la diferencia de precio que puede existir entre la oferta original del proponente de una iniciativa privada y la mejor oferta en primera instancia, la norma regula además un margen de variación en ese sentido, y establece que el porcentaje para igualar el precio de la mejor oferta no podrá ser menor al 3 % ni mayor al 10 % de la mejor oferta en primera instancia.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió nuevas atribuciones para flexibilizar ciertos límites, facilitando la ejecución de proyectos estratégicos.

Para que la implementación de la nueva ley sea exitosa, no solo es fundamental una regulación adecuada, sino también garantizar una verdadera seguridad jurídica y transparencia para todos los involucrados. Solo así se podrá fomentar un entorno de confianza que impulse la inversión y asegure el desarrollo sostenible de las infraestructuras en el país.