Los pros y los contras del proyecto de Registro Unificado Nacional

La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), ratificando la versión del Senado, que vuelve optativo el certificado de condición de dominio. Compartimos aquí la visión de tres entendidos en la materia.

El proyecto de ley “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional” fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. El documento establece que el registro de la propiedad tiene como finalidad brindar seguridad jurídica en la titularidad de los derechos reales sobre bienes inmuebles.

Al ser un tema de interés público, consideramos conocer la opinión de tres profesionales reconocidos en nuestro ámbito. Carmen Rodríguez de Arias —escribana al frente de CR Notarial y asociada a la Cámara de Comercio Paraguay— reconoce que la iniciativa se origina con buenas intenciones, aunque sostiene que su implementación podría resultar en un aumento significativo de la burocracia, en contradicción al objetivo argumentado.

Enfatiza que el gremio notarial está solicitando al Poder Ejecutivo que vete parcialmente esta ley. Según ella, el RUN no garantizará la solución a los problemas actuales de superposición de títulos, ya que solo abordará los casos futuros y no aquellos que ya están en conflicto. Menciona, además, que el Colegio de Escribanos está considerando una acción de inconstitucionalidad.

Rodríguez de Arias también sugiere que se debería crear una Dirección General de Registro Nacional, donde se pueda acceder a información integral sobre personas y sus bienes mediante un sistema informático. Esto requeriría una colaboración efectiva entre diversas instituciones, lo cual no ha sido suficientemente considerado en el desarrollo del RUN.

En síntesis, considera que en su gremio hay un escepticismo generalizado sobre la efectividad del RUN y la seguridad jurídica que promete ofrecer. 

Por el contrario, Diego Zavala —de Mersán Abogados y asociado a la Cámara de Comercio Paraguay—, destaca que esta propuesta legislativa representa un hito crucial en el fortalecimiento del derecho de la propiedad privada en Paraguay. La creación del RUN ofrecerá una infraestructura institucional unificada y eficiente, adaptada a las necesidades del país y a los intereses de todos los actores del sector inmobiliario, lo que proporcionará una mayor seguridad jurídica.

“A través de un enfoque innovador, el RUN aborda problemas estructurales que afectan actualmente la eficiencia administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia en las transacciones inmobiliarias, estableciendo una base unificada y tecnológica para la gestión de la información territorial”, explica. 

Actualmente, la dispersión de las instituciones encargadas del catastro, los registros de propiedad y las labores de mensura genera ineficiencias, duplicaciones y conflictos legales. Al respecto, el RUN centralizará las funciones de la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC.

La creación de un Código Único de Identificación Catastral y Registral simplificará los procedimientos, eliminará redundancias y ofrecerá mayor seguridad jurídica y transparencia en las transacciones inmobiliarias.

En conclusión, el abogado Zabala refiere que este proyecto proporciona una solución integral a las deficiencias del sistema actual, a través de la centralización de registros y catastros, la modernización tecnológica, la simplificación de procesos —especialmente para pequeños productores— y el fortalecimiento de la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.

Ana María Mendoza de Acha, exsenadora, notaria y escribana pública, expresa que los documentos tramitados en las instituciones involucradas se expiden hoy entre 25 y 30 días, lo que hace los trámites lentos, imprevisibles y fomenta la aparición de “gestores” que agilizan los procesos. Informa que, en este contexto, el gremio de notarios propuso informatizar el sistema para promover la transparencia. “Lamentablemente, llevaron adelante el proyecto, como si mágicamente, dichas instituciones, se volverán transparentes y efectivas, por el solo hecho de unirlas”, sostiene.

Asimismo comenta: “La Ley, establece que los plazos de expedición de trabajos, que hoy son de 10 días corridos, pasan a 30 días hábiles;  los costos, que a la fecha son:  de 0,74% en caso de venta, ahora pasarían a 0,85%;  de 0,63% en caso de hipotecas o prendas, hoy  pasan a 0,70 %”.

Además, destaca varios aspectos preocupantes, entre ellos el plazo de 30 días que otorga la ley para el reingreso de escrituras “observadas”. Si no se cumple, se obliga a abonar nuevamente la totalidad de la Tasa Judicial ya pagada. Igualmente se permite la emisión de Escrituras Públicas sin contar previamente con el Certificado de Condiciones de Dominio, esencial para la seguridad jurídica, lo que podría resultar en escrituras con embargos, litigios u otras medidas cautelares una vez inscritas en la Dirección General de los Registros Públicos. En este caso, la tasa a abonar será el doble de la prevista por la ley.